Secas Mecas
OVED CONTRERAS
EN MANOS DE LUTERO…ya está lista la terna de los tres aspirantes a ocupar la vacante que dejará Delia González como titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado: Erick Domínguez Vázquez, Adán Escobedo y María de Jesús Mantilla. Dos de ellos, dijeran en el pueblo, para taparle el ojo al macho o meras comparsas. El palomeado es el actual subsecretario de Finanzas y con ello se corromperá un ente fiscalizador que de origen debió ser sin ligas partidistas y completamente autónomo.
Hay chistes que se cuentan solos. Y este es uno de ellos: quieren poner al frente del ORFIS – el órgano que debe vigilar que no se roben el dinero – a quien no pudo comprobar en qué se gastó 88 millones de pesos cuando fue alcalde de Papantla.
El que debe revisar las cuentas, es el que no pudo solventar las suyas. Es decir: pondrán al lobo a cuidar ovejas o la iglesia en manos de Lutero. Y no es grilla. Es el Sistema Público de Consultas de la Auditoría Superior de la Federación: 2022: 31 millones 302 mil pesos observados. 2024: 56 millones 995 mil pesos observados, para hacer un total de 88 millones 297 mil pesos que la ASF tiene en la Dirección General de Investigación porque nunca los solventó.
A eso súmele lo que le observó el propio ORFIS en su segundo año como alcalde: más de 3 millones de presunto daño patrimonial por obras infladas: el puente de Pueblillo – de donde es originario -, el alumbrado del Campo Olimpia y el sistema de agua de la colonia Anáhuac.
Erick Domínguez ya fue diputado local y, para acabarla de amolar, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso. O sea, ya estuvo de los dos lados del mostrador. Fue auditor y fue auditado. Y en ambos quedó a deber. Ahora la Comisión de Vigilancia del Congreso, que preside el morenista que se fue por la puerta de atrás para no dar la cara a los medios, lo metió a la terna final junto a Adán Escobedo y María de Jesús Mantilla. Este viernes 25 de septiembre lo quieren votar en el Pleno para que tome protesta el 26 y se quede 7 años, hasta 2033.
En 2022, Papantla acumuló 32 observaciones y 14 recomendaciones. Hubo obra pública pagada y no terminada, vicios ocultos, supervisión deficiente, pasivos sin depurar y un crédito fiscal con el IMSS por más de 37 millones de pesos sin acciones de pago. En 2023, el panorama no mejoró: cuentas por cobrar sin recuperar, pasivos sin soporte documental, un Instituto Municipal de la Mujer sin personalidad jurídica y la ausencia de políticas ambientales obligatorias.
Se suman los créditos fiscales históricos con el IMSS que, solo ese año, sumaron más de 13 millones de pesos. Pero el punto más delicado es el que compromete cualquier aspiración técnica: las obras hidráulicas ejecutadas sin la validación de Conagua ni el estudio de impacto ambiental.
Esto coloca a Erick Domínguez en una situación que ningún órgano de fiscalización puede ignorar: sería juez y parte. Llegaría al ORFIS con observaciones abiertas, con expedientes que él mismo dejó pendientes y con irregularidades que no pueden solventarse porque la ley no permite corregirlas después. La probidad, requisito elemental para dirigir un órgano técnico, queda comprometida desde el origen.
El ORFIS no es cualquier chamba. Es el que revisa a los 212 ayuntamientos, a los poderes, a los organismos autónomos. Si el titular llega con un expediente de 88 millones sin comprobar, ¿con qué autoridad moral va a observar a un alcalde de un municipio chico por 500 mil pesos?
A esto se suma el contexto político. Domínguez pertenece al partido gobernante y su esposa es diputada local por Papantla. Su nombre aparece en conversaciones políticas donde se le vincula con operadores regionales cuya reputación ha sido cuestionada, aunque esos señalamientos son más difíciles de documentar y, por lo mismo, deben tratarse con cautela. Lo que sí está documentado es suficiente: cuentas públicas observadas, omisiones legales y créditos fiscales sin pagar.
El ORFIS no puede convertirse en un refugio para quien tiene pendientes con el propio organismo. La fiscalización no es un botín político ni un premio de consolación. Es una función técnica que exige independencia, solvencia documental y distancia del poder.
¿Y quién lo impulsa? La historia ya se contó en Xalapa: el acuerdo se cocinó en un edificio de SIPEH Ánimas, desde el piso 25 de la Torre Mayor. El argumento que le vendieron a Rocío Nahle fue: “Será aliado al cien por ciento de nuestros aliados”. Traducción: no va a fiscalizar, va a tapar.
La propia auditora saliente, Delia González Cobos, salió a lavarle la cara: “Él hizo las aclaraciones, ya ese asunto quedó cerrado”. Claro, ¿qué esperaba? Si su permanencia y la de toda la estructura depende de no pelearse con quien reparte el dinero en Sefiplan.
El mensaje es brutal: en Veracruz no importa si te observa la ASF, no importa si dejas obras fantasmas, si tienes padrino en Palacio, te premian con la auditoría. Veracruz merece un auditor, no un cómplice.