Secas Mecas
OVED CONTRERAS

Y DOÑA LUPIS? Van 11 muertos en el sur de Veracruz por el Frente Frío número 2. La gobernadora Rocío Nahle encabeza la coordinación de tareas entre todas las corporaciones tanto estatales como federales, para atender a los miles de damnificados que ha dejado el temporal.

El último en la lista es Arturo Fernández Sámano. 45 años. Originario de Xalapa. No era de Las Choapas, había ido a chambear. Repartía autopartes en una Volkswagen Caddy por el Libramiento Búfalo el lunes 19 de octubre cuando una corriente se llevó su camioneta a una zona inundada. Protección Civil municipal lo encontró horas después, ahogado, entre el agua y la maleza rumbo a Villa Cuichapa.

Con él son 11. Y hay que decirlos como son: Cuatro mujeres de una misma familia en Villa Allende, Coatzacoalcos, aplastadas por una barda que colapsó con la lluvia. Seis miembros de una familia en Las Choapas, muertos no por el agua, sino por inhalar gas de una planta de luz que usaban porque CFE los dejó sin luz durante el temporal. Y Arturo que es la última víctima.

El frente frío duró ocho días. Ocho días avisados. Tiempo suficiente para limpiar canales, desazolvar arroyos, perifonear en las colonias de riesgo y cortar la circulación en libramientos como el Búfalo. No se hizo.

El boletín oficial de ayer dice que hay más de 900 elementos de SEDENA, Marina, Guardia Nacional, Plan Tajín y Protección Civil estatal en Coatzacoalcos y Nanchital, que desalojan agua con bombas de CONAGUA, que hay cuatro refugios con 112 personas en Coatzacoalcos y dos más en Agua Dulce, y que se monitorea el río Papaloapan y Los Tuxtlas.

Todo eso está bien, pero es reactivo. Lo que se monitorea hoy en Papaloapan y Los Tuxtlas debió desazolvarse en mayo. Los canales de Nanchital que hoy destapan con retroexcavadora de CAEV y SIOP debieron limpiarse antes del temporal. La energía que hoy intenta restablecer CFE debió tener protocolos para no dejar a familias enteras dependiendo de una planta de gasolina dentro de su casa.

Pero hay una ausencia que en el sur todos notan. En los comunicados de este frente frío en el sur, las que aparecen dando instrucciones son la gobernadora Rocío Nahle García y la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, reunidas en Minatitlán en el Tercer Batallón. En territorio, quien ha dado la cara es Protección Civil de Las Choapas a cargo de Guadalupe Velázquez Ruiz.

¿Y dónde está la titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado, Guadalupe Osorno Maldonado? Se apareció en el reporte el 5 de octubre cuando iban tres muertos por el Frente Frío 1, dos en Xalapa y uno en Zongolica. Pero para el Frente Frío 2, el que ya lleva 11 muertos en el sur, la funcionaria que por ley debería ser la primera en el lodo, con botas en las 15 colonias aún anegadas de Coatzacoalcos y en las 20 sin luz, es la que nadie ha visto ni en los boletines.

No es un tema de grilla. Es un tema de responsabilidad. Cuando la cabeza de Protección Civil no recorre el desastre, el mensaje para los alcaldes y para la gente es que el desastre no es tan grave. Doña Lupis Osorno debería estar al lado de la gobernadora Nahle o en los operativos que realizan las corporaciones en colonias inundadas o mínimo en los albergues donde se reubican a población vulnerable. Lo curioso es que no aparece ni en fotos ni se le menciona en los boletines.

Hace un año, la responsable de Protección Civil se hizo viral en redes por recorrer colonias bajo el lodo en Poza Rica, con sus tenis blancos relucientes. Hoy ni siquiera nos presume sus tenis.

LE ANDA CERCA LA LUMBRE…al titular del Invivienda, José Manuel Pozos del Ángel, por esquivar la justicia laboral…le pueden girar orden de aprehensión por desacato y el caso pudiera involucrar a la gobernadora Rocío Nahle, aunque el problema no se originó en su administración.

Ocho trabajadores despedidos del Invivienda en 2009 promovieron un juicio. Expediente 187/III/2009. Ganaron. Laudo firme en tiempos de Miguel Ángel Yunes Linares, que ordenaba reinstalación y pago de adeudos. No pasó nada. Seis años de Cuitláhuac García. Tampoco pasó nada. La excusa siempre la misma, contada por el abogado Juan José Llanes: «no tenemos plazas y estamos viendo con SEFIPLAN».

Hartos, en 2025 promovieron amparo indirecto, el 922/2025 en el Juzgado Decimoséptimo de Distrito de Xalapa. El juez primero sobreseyó, como si con papeles se pagara la quincena. Los trabajadores se fueron a revisión, expediente 5/2026, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito les dio la razón: la justicia solo se restituye cuando se cumple el laudo, no cuando se simula cumplirlo.

Y ahí el Tribunal dijo lo que todos sabían pero nadie escribía: el INVIVIENDA metió recursos e incidentes solo para obstaculizar y la Junta de Conciliación se los permitió. Por eso la Junta ya no tuvo salida y tuvo que apercibir con lo que más duele al poder: arresto por 36 horas al gerente general del INVIVIENDA, José Manuel Pozos del Ángel, si el próximo 28 de octubre no reinstala a los ocho y no les paga.

Hasta ahí, sería una nota más de burocracia. Lo grave viene el 14 de octubre. Ese día, el juez federal no solo va contra Pozos. Vincula directamente a la gobernadora Rocío Nahle García al cumplimiento de la sentencia de amparo. La apercibe con multa y la deja sujeta a los artículos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo.

Traducido: si el INVIVIENDA no cumple, la responsable ya no es solo la dependencia. Es la titular del Ejecutivo. Es el mismo supuesto en el que cayó hace una década Javier Duarte por no acatar un amparo de trabajadoras del Congreso. La historia rima.

Llanes acusa algo más: que hay una operación desde la propia Secretaría del Trabajo para evitar que Pozos sea arrestado. Y desliza el por qué: José Manuel Pozos del Ángel es hijo del subsecretario de Gobierno, José Manuel Pozos Castro. Es un señalamiento del abogado, no una prueba judicial, pero explica por qué un laudo de 2009 sigue vivo en 2026.

Lo más peligroso que dijo Llanes no es lo del apellido. Es esto: que en el gobierno confían en que, con la reforma judicial, podrán presionar a los jueces para no cumplir. Ocho trabajadores que en 2009 tenían empleo, hoy llevan 17 años esperando que el Estado haga lo que cualquier patrón está obligado a hacer. Y la respuesta del Estado ha sido pasarle la bolita de Yunes a Cuitláhuac y de Cuitláhuac a Nahle.

El 28 de octubre no es la fecha para arrestar a un gerente. Es la fecha para saber si en Veracruz un gobernador sí acata a un juez federal.